Henry Oporto
sociólogo
Las manifestaciones sintomáticas son la mala formación de los estudiantes, la baja calidad del cuerpo docente, el desencuentro entre la oferta académica y el mercado profesional y la ausencia de producción científica y tecnológica.
Confirmando el grave problema de calidad en la educación boliviana, el pasado junio se conoció el estudio QS University Rankings: América Latina 2015. En éste nuestras universidades quedan a la zaga del ranking de universidades que elabora la británica Quacquarelli Symonds. Allí, dentro de las 10 mejores figuran cinco brasileñas, dos chilenas, dos mexicanas y una colombiana. El reporte menciona a cuatro universidades bolivianas, pero en lugares muy rezagados. Así, la UMSA está entre los puestos 151 y 200, y mucho más atrás la UCB, la UMSS y Univalle, entre los puestos 201 y 300.
El estudio del QS University Rankings -una de las mediciones de mayor prestigio- se sustenta en cuatro pilares: investigación, calidad de la enseñanza, reputación empresarial e internacionalización (vínculos de las universidades con otras del mundo). La evaluación toma en cuenta siete indicadores: reputación académica, proporción docentes/estudiantes, investigación, publicaciones científicas, docentes con doctorado, impacto en internet, reputación empresarial.
Lo extraño es que en el país esa noticia hubiera pasado desapercibida, sin repercusión en la prensa. Ninguna autoridad universitaria, ningún gremio y menos el gobierno se ha pronunciado al respecto. ¿Cómo explicar este silencio o indiferencia ante un reporte que deja tan mal paradas a nuestras universidades y que las desnuda en todas sus flaquezas? Hace poco, en otro artículo mío dedicado a buscar explicaciones a la baja calidad de nuestro sistema escolar, hacía notar lo curioso que es ver tantos grupos de universitarios llenando las calles con danzas folklóricas ruidosas, pero ninguna movilización a favor de mejoras en la enseñanza.
Probablemente aquí no hemos escuchado a Bill Gates decir que el atraso de los países obedece a que su gente no tiene preparación y que la clave es ofrecer educación de mejor calidad, tanto en las escuelas como en las universidades. Quizás tampoco al Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que ha advertido que en la economía global que viene tras la crisis que empezó en 2008 la educación, la ciencia y la tecnología serán las claves del desarrollo, añadiendo: "Todo parece indicar que la educación será aún más importante que antes”.
Demasiados abogados y pocos ingenieros y emprendedores
Que las universidades bolivianas califiquen tan mal en las mediciones internacionales es apenas el reflejo de una crisis profunda, cuyas manifestaciones sintomáticas son la mala formación de los estudiantes, la baja calidad del cuerpo docente, el desencuentro entre la oferta académica y el mercado profesional y la ausencia de producción científica y tecnológica.
Nuestras universidades están saturadas de estudiantes que cursan Derecho, Contabilidad, Auditoría y otras carreras humanísticas; son carreras con escasas oportunidades laborales y que están alejadas de los requerimientos de la innovación y la economía del conocimiento del siglo XXI. En la UMSA, a principios de los años 2000, el número de alumnos en Ciencias Jurídicas era casi el doble del número de alumnos en Ingeniería y en Ciencias Puras; la Carrera de Psicología tenía casi tantos alumnos como la Facultad Técnica, que forma técnicos superiores y medios. Es decir que lo que menos están preparando nuestras universidades son capacidades humanas para el emprendimiento, la innovación y la tecnología. Hay estudios que refieren que incluso en las universidades privadas de corte empresarial no parece que se estuvieran formando más que futuros empleados o consultores, pero escasamente talentos creativos y empresariales, es el caso del informe elaborado por María Luisa Talavera, denominado Procesos de admisión a la Facultad de Humanidades y sus efectos en la calidad de la formación universitaria.
Otro estudio más reciente (Educación Superior Universitaria en Bolivia de Gustavo Rodríguez y Criste Weise) registra que sólo el 14% de la demanda del mercado tiene correspondencia directa con la oferta de carreras en el sistema universitario; el 70% de la oferta académica carece de esa relación con el mercado profesional. Según el mismo estudio, el 45% de los alumnos tiene un tiempo promedio de estudios entre 4 y 10 años, y el 55% de más de 10 años, a nivel de licenciatura. Quienes lograban su titulación representaban un magro 14% de la población universitaria total, y el 3,2% de los nuevos matriculados. Todo lo cual da una idea de las altas tasas de permanencia, repetición y deserción estudiantil.
También se anota que sólo la mitad del profesorado estaba integrado por docentes titulares, y la otra mitad por invitados; el 83% tenían títulos de licenciados, 8% de maestría y 1% de doctorado; el 77% cumplían labores a tiempo parcial y solamente el 23% con dedicación exclusiva. No obstante el incremento del cuerpo docente, muchos de ellos debían impartir clases en aulas de más de 100 alumnos. Así y todo, ser docente es una ocupación que puede resultar apetecible, independientemente de las calificaciones y cualidades para la enseñanza.
La desconexión entre la docencia y la investigación es un mal endémico. Y si bien las universidades (específicamente la UMSA, UMSS y UGRM) concentran la mayoría de los centros de investigación en el país -algunos de prestigio-, en general la producción científica y tecnológica es muy pobre. Las universidades asignan fondos exiguos a I+D; además, la poca investigación está a menudo desligada de la producción y las empresas, y casi no hay trabajos publicados en revistas científicas internacionales. Dentro de la escasa producción de patentes en Bolivia, el aporte de la academia es mínimo e irrelevante a nivel internacional.
Masificación a costa de la calidad académica
La educación superior en Bolivia experimenta la tendencia mundial -más acusada en los países en desarrollo- de una explosión en el número de alumnos que pasan por sus aulas y que va de la mano con la expansión de la planilla docente y administrativa, la proliferación de universidades (públicas y privadas), de facultades y carreras y de una demanda creciente de presupuesto. Si bien esta masificación ha permitido la integración de los jóvenes de clase media baja y de otros estratos sociales, incluso rurales, antes excluidos, todo indica que los beneficios de esta inclusión social se han agotado, en la medida en que ni las universidades ni el propio Estado han creado las condiciones necesarias para producir un avance similar en la calidad de la educación.
Al respecto, vale la pena citar las conclusiones de un estudio en Humanidades de la UMSA, pero que puede ser también válido para otras facultades: "Desde mediados de los 90, la formación ocurre en contextos masificados en los que la mayoría de los estudiantes trabaja y no puede asistir a clases regularmente (…) Las cátedras supernumerarias tienen altos niveles de deserción si se ejerce algún control de asistencia o si se sube la exigencia (…) Los alumnos en estos cursos rinden por debajo de sus potencialidades, y son muy pocos aquellos con rendimientos altos, que normalmente son estudiantes a tiempo completo (…) La enorme cantidad de alumnos en las aulas, sumada a la irregular asistencia y puntualidad, conforman condiciones que dificultan la enseñanza y aprendizaje. Los efectos son visibles cuando los egresados tienen que titularse, debido a que no se sienten suficientemente preparados”.
Por supuesto que la deficiente formación universitaria es también tributaria de la mala calidad de enseñanza secundaria, lo que obliga a flexibilizar los sistemas de admisión y, en última instancia, a bajar el nivel de exigencia académica en el nivel superior. Lo insólito es que ni las universidades ni el Estado se hacen cargo del problema, creando otras alternativas de formación profesional más cortas, económicas, prácticas y útiles para la vida laboral o también mediante cursos a distancia, virtuales y con las herramientas tecnológicas disponibles.
Tampoco es una solución el inusitado aumento de postgrados, puesto que en general no tienen la calidad apropiada. Hoy en día, como lo saben bien los nuevos profesionales, contar con un título no garantiza conseguir empleo ni obtener un salario que retribuya la inversión en los estudios; ello, además, por la estrechez del mercado y la falta de oportunidades económicas. Esto, en algún momento, tiene que derivar en desencanto y frustración.
La universidad, rehén del corporativismo
Tal como ha quedado demostrado por el reciente conflicto en la UMSS, que ha paralizado por meses esa casa de estudios, la universidad pública tiene un serio problema de gobernanza. Atrás quedaron los fines nobles de la autonomía y el cogobierno, de garantizar la libertad académica, resguardar la enseñanza de la intromisión del poder político y hacer de la universidad una trinchera en la lucha democrática y nacional. Esos objetivos fueron desvirtuados por la captura de la universidad, ya ni siquiera por los partidos políticos, sino por los gremios e intereses corporativos que se disputan y reparten el poder interno -con la complicidad del estudiantado, cuyos dirigentes son parte del engranaje-. Se trata de un sistema clientelista y prebendal que ha degradado la enseñanza superior y al interior del cual la excelencia académica no cuenta. Los centros de calidad, que los hay, son como islas en un mar de mediocridad.
La resistencia a la evaluación
El corporativismo ha derrotado los tímidos intentos desde el Estado, en los años 90 y siguientes, por implantar un sistema de evaluación y acreditación y vincular los recursos fiscales a los resultados de evaluaciones. De nada sirve que la Ley 3009 (de 2005) hubiera creado el Consejo Nacional de Acreditación de la Educación Superior para coordinar procesos de evaluación y avalar la calidad de programas e instituciones académicas; este organismo ni siquiera llegó a conformarse. El Fondo de Mejoramiento de la Calidad, creado en 2001 para asignar recursos concursables a mejoras académicas en las universidades, no existe más. La respuesta del sistema universitario de montar su propio mecanismo de evaluación y acreditación tampoco funciona en la práctica y, si lo hace, no es transparente en sus resultados, además de que no son validados por instancias independientes ni acreditados internacionalmente, salvo tal vez raras excepciones.
Estamos, pues, en el peor de los mundos. De un lado, las universidades que se escudan en la autonomía para poner a buen recaudo los privilegios corporativos, que no rinden cuentas de sus resultados académicos e institucionales y son refractarias al cambio. De otro, el gobierno, que, por razones políticas coyunturales, se rinde ante las universidades y abdica de su responsabilidad de regular y evaluar su desempeño; un gobierno pasivo y complaciente que se limita a regatearles presupuesto pero sin visión sobre la educación superior y desprovisto de políticas y capacidades para promover reformas que fomenten la calidad, la eficiencia y la equidad.
Apoltronadas, casi encerradas sobre sí mismas, con muy pocas vinculaciones con el sistema productivo nacional, alejadas de los centros de innovación y marginadas del proceso de internacionalización de la educación, nuestras universidades tienen restricciones severas para generar conocimiento e innovación y producir pensamiento y cultura democrática; sólo escasamente pueden formar capital humano, y no son más la cantera de las élites intelectuales y políticas que puedan conducir la transformación del país.
Algunas cifras que llaman la atención
Dos problemas llaman la atención: 1) el número de estudiantes en carreras sociales o jurídicas y el escaso interés en las áreas técnicas. En la UMSA, a principios de los años 2000, el número de alumnos en Ciencias Jurídicas era casi el doble del número de alumnos en Ingeniería y en Ciencias Puras; y 2) la falta de relación entre lo que el mercado profesional necesita y lo que ofrecen las universidades bolivianas. Sólo el 14% de la demanda del mercado laboral tiene correspondencia directa con la oferta de carreras en el sistema universitario; el 70% de la oferta académica carece de esa relación con el mercado profesional.
Preocupa también las altas tasas de permanencia, repetición y deserción estudiantil: el 45% de los alumnos tiene un tiempo promedio de estudios entre cuatro y 10 años, y el 55% de más de 10 años, a nivel de licenciatura. Quienes logran su titulación representan un 14% de la población universitaria total, y el 3,2% de los nuevos matriculados.
Ausencia de investigación
Uno de los aspectos que determina la calidad de la formación académica universitaria son los docentes y cuánto aporta cada casa de estudios al conocimiento a través de la investigación. Ambos aspectos sufren una crisis en las universidades nacionales.
Hace 20 años las universidades se propusieron destinar el 7% de su presupuesto a investigación, una meta que no se cumplió. Actualmente no hay información precisa sobre el gasto en investigación, aunque tendría que haber subido algo por el aporte de los recursos del IDH
En cuanto a la calidad de los docentes, se anota que sólo la mitad del profesorado está integrado por docentes titulares, y la otra mitad por invitados; el 83% tiene títulos de licenciados, 8% de maestría y 1% de doctorado; el 77% cumple labores a tiempo parcial, y solamente el 23% con dedicación exclusiva. Este es uno de los problemas que limita la calidad de la educación superior en Bolivia.